La respuesta de San Diego a las inundaciones del año pasado en el sureste de San Diego se vio afectada por una toma de decisiones improvisada e inconexa, retrasos en la gestión de la infraestructura y una planificación deficiente de la comunicación pública, según una auditoría municipal reciente.
Estos problemas de comunicación incluyeron desde información errónea en folletos en español hasta una solicitud inusual del alcalde de que todas las comunicaciones públicas se realizaran a través de su oficina, lo que provocó retrasos y disputas con el personal municipal, según la auditoría.
En un análisis de 79 páginas publicado el mes pasado, los auditores municipales evaluaron la eficacia de la respuesta de la ciudad a las históricas lluvias que azotaron San Diego en enero de 2024, arrojando pulgadas de lluvia sobre los barrios del sureste en cuestión de horas y provocando inundaciones repentinas a lo largo del arroyo Chollas.
“Realizamos esta auditoría para garantizar que la ciudad esté lo más preparada posible para ayudar a las comunidades a responder y recuperarse de un desastre, ya sea una inundación, un incendio, un terremoto u otra emergencia importante”, declaró el auditor municipal Andy Hanau en un correo electrónico esta semana.
Hanau, junto con otros cuatro auditores, formuló 23 recomendaciones a la ciudad para mejorar la planificación y la comunicación, todas las cuales fueron aceptadas por los funcionarios municipales.
La auditoría señala que los servicios de emergencia y los grupos comunitarios de la ciudad se movilizaron de inmediato, y los departamentos de policía y bomberos participaron en más de 200 rescates. La Oficina de Servicios de Emergencia de la ciudad activó su Centro de Operaciones de Emergencia e inició las reparaciones de la infraestructura.
Sin embargo, a pesar de una respuesta inicial satisfactoria, los líderes municipales no lograron satisfacer las demandas de recuperación imprevistas, dejando sin cubrir las necesidades de los residentes, según la auditoría.
El informe elogia la eficacia de la ciudad en el uso de los planes de respuesta a emergencias existentes para gestionar las llamadas, desplegar equipos de rescate e iniciar la reparación de la infraestructura. Un miembro del personal de operaciones de emergencia entrevistado calificó la respuesta como “una de las mejores cosas que he hecho en mis 34 años de trabajo en la ciudad”, señalaron los auditores.
Sin embargo, los funcionarios municipales no tenían un plan claro para el futuro, ya que las demandas de recuperación superaron las responsabilidades tradicionales de la ciudad.
Dónde falló la planificación
La auditoría reveló que las labores de recuperación fueron improvisadas y descoordinadas.
“La comunidad y los funcionarios electos esperaban que la ciudad hiciera más, como sondear a las comunidades afectadas para conocer las necesidades de los residentes y ofrecer opciones de alojamiento a largo plazo y sin congregaciones”, señala el informe. “Sin embargo, dado que históricamente la ciudad no ha asumido estas funciones, no contaba con un plan para hacerlo”.
Como resultado, la alcaldía comenzó a tomar decisiones operativas y los miembros del Ayuntamiento organizaron sus propias labores de socorro, que en ocasiones se solaparon o entraron en conflicto con las de los departamentos municipales, según la auditoría.
Tras la tormenta, la ciudad creó un equipo de gestión de incidentes compuesto por representantes de varios departamentos municipales para coordinar a las agencias municipales en la limpieza de las calles y la preparación para otra tormenta pronosticada.
Ese equipo finalmente respondió con éxito a los daños, según los auditores. Sin embargo, se activó demasiado tarde, añadieron, culpando al desconocimiento de muchos líderes de departamentos municipales sobre cómo se supone que debe funcionar un equipo de este tipo.
“El IMT se retrasó en el inicio de sus operaciones debido a que algunas vacantes tardaban varios días en cubrirse con el personal adecuado”, indica la auditoría. “Los retrasos no impidieron que el IMT cumpliera sus objetivos ni se preparara para las tormentas posteriores, pero podrían minimizarse en futuras respuestas capacitando a la administración municipal sobre la función del IMT y preidentificando al personal para el IMT”.
La planificación de los refugios también fue caótica, según los auditores.
La Cruz Roja Americana abrió un refugio colectivo en la escuela secundaria Lincoln para albergar a los cientos de residentes desplazados, pero pocas personas se quedaron allí, ya que muchos se negaron, alegando problemas de privacidad y seguridad.
La ciudad no tenía un plan para refugios no colectivos, lo que obligó a la Comisión de Vivienda de San Diego, que no tiene un rol formal en la recuperación de desastres, a crear un programa para albergar a cientos de personas en hoteles, del cual el condado se hizo cargo posteriormente.
La ciudad tampoco tuvo un rol claro en la coordinación de los centros de asistencia locales. El condado abrió el centro principal a 16 kilómetros de las zonas más afectadas, lo que dificultó el acceso sin vehículo. La ciudad solicitó un sitio más cercano, pero el condado se negó debido a limitaciones de personal.
Fallos de comunicación.
La auditoría reveló que el Plan de Operaciones de Emergencia de la ciudad no contemplaba las necesidades de comunicación específicas para las inundaciones ni para las comunidades afectadas.
“Encontramos que la ciudad no contaba con un plan integral para comunicarse con los residentes afectados, cuyos televisores y teléfonos celulares podrían no funcionar debido a los daños causados por las inundaciones, o con los residentes que hablan idiomas distintos del inglés”, señala la auditoría.
El deseo de los funcionarios municipales de difundir información a todos los afectados los llevó a depender en gran medida de la distribución de folletos, lo cual no era una práctica habitual del Centro de Operaciones de Emergencia y, por lo tanto, planteó varios problemas, como retrasos, confusión y desacuerdos sobre qué incluir.
Las traducciones incorrectas de la información agravaron estos problemas, especialmente en zonas con una proporción de residentes con un dominio limitado del inglés superior al promedio. Los folletos en español incluían algunos errores, como fechas incorrectas e información sobre la recuperación y preparación ante tormentas.
Además, se produjeron cuellos de botella debido a un requisito inusual del alcalde.
Normalmente, explica la auditoría, el personal capacitado en comunicación de crisis informa al Centro de Operaciones de Emergencia y comparte información con el público. Sin embargo, tras las inundaciones, la alcaldía insistió en revisar y aprobar todas las comunicaciones públicas.
Esto provocó retrasos mientras los funcionarios esperaban la aprobación y desacuerdos entre su alcaldía y el personal de comunicaciones sobre qué incluir.
“Varios empleados entrevistados afirmaron que el requisito de revisión y aprobación provocó retrasos en la divulgación de información pública y que este enfoque no seguía las mejores prácticas de comunicación de crisis”, concluyeron los auditores.
Por ejemplo, señalaron que el equipo de gestión de incidentes quería celebrar una asamblea pública para los residentes afectados, pero el alcalde denegó la solicitud, alegando que sería difícil llegar a ella.
“En cambio, la YMCA local actuó como centro de recursos y se asemejaba a una asamblea pública para las organizaciones comunitarias; se consideró un éxito”, señalaron los auditores.
La falta de una reunión organizada por la ciudad no tuvo un impacto significativo, según los auditores. Pero según grupos comunitarios locales, la gente “sentía que la ciudad no existía y que los residentes estaban solos”.
Ese fue un sentimiento que expresaron con frecuencia los residentes de las comunidades más afectadas el año pasado.
“Ya no podemos quedarnos sentados esperando a que alguien nos salve”, declaró Clariza Marín, organizadora comunitaria de los esfuerzos de recuperación en Shelltown, a The San Diego Union-Tribune en aquel momento. “Sabemos que tenemos que tomar la iniciativa y reintegrarnos a nuestra comunidad”.
El camino por delante
Los auditores señalaron que las lecciones aprendidas de las inundaciones del año pasado ayudarán a la ciudad a prepararse para futuros desastres, enfatizando la importancia de fortalecer la capacitación y la planificación del personal.
“Nuestra auditoría concluyó que una mejor planificación y colaboración entre los funcionarios electos de la ciudad, el personal de operaciones de emergencia y la comunidad posicionará mejor a la ciudad para ejecutar esfuerzos integrales y coordinados de respuesta y recuperación ante desastres en el futuro”, declaró Hanau en un correo electrónico.
Como resultado, su oficina concluyó su informe recomendando 23 reformas.
Estas incluyen el desarrollo de un marco claro y conciso del rol de la ciudad en la respuesta a desastres, la creación de un plan de recuperación específico para la ciudad, la aclaración de las funciones de la alcaldía y el Ayuntamiento, y la actualización del plan, las políticas y la capacitación en comunicación ante desastres.
En la respuesta de la ciudad, el director de servicios de emergencia, Chris Heiser, acordó implementar las 23 recomendaciones, señalando que algunas ya se habían implementado, incluyendo una actualización del plan de operaciones de emergencia de la ciudad.
Sin embargo, también señaló que algunas de las recomendaciones tendrían “implicaciones financieras significativas” y requerirían más personal, financiación y orientación por parte de los responsables políticos. Señaló en particular ciertos elementos del marco de respuesta a desastres que su oficina se comprometía a crear, como el funcionamiento de los refugios, la ampliación de los servicios y la campaña de información.
“Por ejemplo, la ciudad no está actualmente autorizada, bajo su estructura presupuestaria actual, a financiar refugios no colectivos (por ejemplo, estancias en hoteles para personas desplazadas). Si se adopta este enfoque, será necesario un mayor análisis legal, la orientación de políticas y la planificación de recursos”, escribió.
De igual manera, indicó, la ciudad planea ampliar su equipo de gestión de incidentes —ahora centrado en incendios— para responder a una gama más amplia de peligros, con expertos en la materia de diversos departamentos. Esto, explicó, implicará “identificar al personal adecuado, definir los requisitos de capacitación y evaluar los costos asociados”.
La auditoría se presentará públicamente cuando el comité de auditoría del Ayuntamiento se reúna el 25 de julio.
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